Su práctica se centra en derecho administrativo, constitucional y regulación, asesorando a diversos clientes nacionales e internacionales, como también a organismos y empresas públicas, en todo tipo de materias relacionadas directa o indirectamente con el sector público en Chile, incluyendo procesos de otorgamiento de concesiones, contratación pública, negociación y desarrollo de asociaciones público-privadas, litigación ante órganos de la Administración del Estado, los Tribunales de Justicia ordinarios y especiales, el Tribunal de Compras Públicas y el Tribunal Constitucional, defensa jurídica contra sanciones impuestas por entidades públicas, asesorías respecto a regulaciones sectoriales en diversos mercados, respecto a políticas públicas y materias legislativas, como también cuestiones relativas a Ley de Transparencia.
