Su práctica se centra en derecho administrativo, constitucional y regulación, asesorando a diversos clientes nacionales en internacionales, como también a organismos y empresas públicas, en todo tipo de materias relacionadas directa o indirectamente con el sector público en Chile, incluyendo procesos de otorgamiento de concesiones, contratación pública, negociación y desarrollo de asociaciones público-privadas, litigación ante órganos de la administración del Estado, los tribunales de justicia ordinarios y especiales, el Tribunal de Compras Públicas y el Tribunal Constitucional, defensa jurídica contra sanciones impuestas por entidades públicas, asesorías respecto de regulaciones sectoriales en diversos mercados, respecto de políticas públicas y materias legislativas, como también cuestiones relativas a la Ley de Transparencia.
