El 25 de mayo de 2026, la Comisión para el Mercado Financiero (“CMF”) publicó en consulta pública una propuesta normativa que modifica la Norma de Carácter General N°540 (“NCG N°540”), el Manual del Sistema de Información (“MSI REDEC”) y los Anexos Técnicos asociados al Registro de Deuda Consolidada (“REDEC”), creado por la Ley N°21.680 y vigente desde el 1 de abril de 2026.

La propuesta corresponde a una segunda consulta pública posterior al proceso realizado entre noviembre y diciembre de 2025, e incorpora ajustes orientados a fortalecer el sistema de administración de consentimientos, reforzando especialmente estándares de trazabilidad, integridad documental, control de accesos y supervisión tecnológica del REDEC.

Aspectos clave:

• Se incorpora la obligación del reportante de notificar al deudor inmediatamente después de obtenido su consentimiento, indicando fecha y hora del envío, canal utilizado y código interno asociado.
• Se refuerzan las exigencias de conservación documental del consentimiento digitalizado, incluyendo mecanismos destinados a asegurar integridad, autenticidad, disponibilidad y trazabilidad de la información.
• Se incorporan nuevos servicios API para reportantes y mandatarios relacionados con la consulta de deuda bajo consentimiento, requerimientos de consentimiento digitalizado y envío de evidencia de consentimiento.
• Se reconoce expresamente la facultad del deudor de revocar anticipadamente las autorizaciones otorgadas para acceder a información sujeta a consentimiento, antes del vencimiento regular de 15 días hábiles bancarios.
• Se introducen ajustes al MSI REDEC respecto de los archivos RDC30 y RDC31, vinculados al registro de consentimientos y reporte de accesos bajo consentimiento expreso.
• Se establece un régimen de excepción para reportantes que opten por no acceder a información sujeta a consentimiento, previa comunicación anual a la CMF.
• La implementación de determinadas obligaciones operativas y tecnológicas será gradual, especialmente respecto de trazabilidad, resguardo documental, codificación de archivos y utilización de nuevos servicios APIs.

La consulta pública permanecerá abierta hasta el 1 de junio de 2026.