Mediante un anuncio emitido por el Presidente de la República, Gabriel Boric, el gobierno dio a conocer los lineamientos generales del nuevo pacto fiscal, confirmando que el Ejecutivo no insistirá en el Senado con la tramitación del proyecto de reforma tributaria rechazado en marzo de este año.
El pacto fiscal está estructurado en base a una serie de ejes o principios para promover un sistema tributario moderno, impulsar al crecimiento económico y priorizar el gasto público. Si bien el pacto fiscal no entrega detalles sobre sus propuestas tributarias, se puede destacar lo siguiente:
- El gobierno enviaría al Congreso al menos dos nuevos proyectos de ley:
- Segundo semestre 2023: un proyecto misceláneo enfocado en temas tales como la modernización de la administración tributaria y el fortalecimiento del combate a la evasión y elusión tributaria.
- Primer semestre 2024: un proyecto para modificar la ley sobre impuesto a la renta. El proyecto contendría modificaciones al régimen general de impuesto a la renta, incluyendo un aumento en la carga tributaria de las personas de mayores ingresos y la incorporación de nuevas normas para implementar un impuesto mínimo global a empresas multinacionales (siguiendo directrices de la OCDE). La propuesta también incluye ampliar beneficios tributarios para las empresas de menor tamaño (PYME).
- Otras medidas tributarias destinadas a incentivar la inversión, productividad y formalización de la economía:
Se incorporarían en alguno de los dos proyectos de ley referidos anteriormente, medidas tales como la depreciación semi-instantánea, la creación de un fondo de créditos tributarios para inversiones con efecto multiplicador sobre la economía, incentivos especiales para la investigación y desarrollo (I+D) y una posible reducción transitoria del impuesto de timbres y estampillas.
Para transformarse en ley estos proyectos requerirán la aprobación del Congreso, por lo que se anticipa que el gobierno deberá buscar acuerdos con sectores de la oposición.
El pacto fiscal en su conjunto buscaría generar ingresos adicionales por US$ 8.000 millones, y fijar las prioridades del gasto público en pensiones, salud, seguridad ciudadana y protección social.
