El 17 de noviembre de 2025, la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI) publicó el resumen ejecutivo de la consulta pública realizada como parte del primer procedimiento de calificación de Operadores de Importancia Vital (OIV), conforme a la Ley N°21.663 y al Decreto Supremo N°285 de 2024. Durante esta primera etapa, la ANCI evaluó sectores críticos como energía, telecomunicaciones, infraestructura digital, servicios financieros, salud institucional, empresas públicas y organismos del Estado, identificando preliminarmente a 1.712 entidades como potenciales OIV entre más de 60.000 instituciones revisadas.

Hallazgos principales del proceso

Participación y metodología
La consulta pública se desarrolló entre el 16 de septiembre y el 16 de octubre de 2025, a través de tres formularios disponibles en el Portal ANCI, recibiendo 1.233 respuestas. La Región Metropolitana concentró el 78% de la participación, con alta presencia de profesionales del ámbito tecnológico, ingeniería y jurídico.
Observaciones sobre entidades preliminarmente calificadas

Los comentarios se agruparon en tres categorías:

• Conformidad con la calificación OIV, especialmente en sectores como banca, telecomunicaciones, infraestructura digital y servicios municipales críticos.
• Objeciones a la calificación, principalmente por baja dependencia tecnológica, tamaño o relevancia sectorial.
• Consultas sobre criterios y definiciones, solicitando mayor claridad metodológica y proporcionalidad en las obligaciones.

Observaciones sobre entidades no calificadas preliminarmente

Se identificó un amplio universo de actores que podrían considerarse críticos en futuras fases, incluyendo:

• Proveedores de infraestructura digital (data centers, conectividad troncal, servicios gestionados de ciberseguridad).
• Plataformas de medios de pago y software financiero.
• Sistemas que sostienen la operación del sector público.
• Infraestructura logística y de servicios básicos (agua potable, transporte, combustibles).
• Proveedores tecnológicos clave para redes de salud.

Conclusiones e implicancias

El proceso evidencia un ecosistema complejo y heterogéneo, con reconocimiento transversal del rol estratégico de la infraestructura digital, la conectividad, los servicios financieros y la salud. También se destaca la necesidad de coordinación regulatoria, proporcionalidad y gradualidad en la implementación del régimen OIV.

Para las empresas preliminarmente calificadas, será clave monitorear la resolución final de calificación y coordinar eventuales impactos regulatorios. Para aquellas no calificadas, se recomienda evaluar su criticidad y anticipar exigencias futuras mediante estándares de ciberseguridad.

Próximos pasos

• Noviembre 2025: inicio de la segunda etapa del proceso (agua potable, transporte y combustibles).
• Calificación definitiva: la ANCI emitirá la resolución considerando las observaciones recibidas.
• Normativa complementaria: se esperan reglas de coordinación con otros reguladores y criterios de proporcionalidad.