Chile se destaca hoy en día por registrar décadas de modernización y crecimiento económico sostenido, con un fuerte compromiso con la democracia, la transparencia y la libertad económica.

La apertura al libre comercio en la década de los ’80, la transición a la democracia en los ’90 y nuestras políticas económicas y regulaciones estables y previsibles, han distinguido al país y han alentado su crecimiento estable a largo plazo. Durante los años ’90, Chile disfrutó de una tasa de crecimiento anual promedio de 6,3%, y aunque en los últimos años nuestra economía ha sufrido de una pérdida de impulso transitoria, aún se mantiene un ritmo de crecimiento respetable. En el 2009, Chile no fue indiferente a la crisis financiera mundial, registrando una caída en su actividad económica similar a la experimentada en promedio por el resto del mundo. Sin embargo, su sólido sistema financiero y una serie de medidas contra-cíclicas implementadas por el Gobierno, han permitido que el país se recupere rápidamente. El Banco Central proyecta actualmente una tasa anual de crecimiento cercana al 4,8% y 5,8% para los años 2010 y 2011, respectivamente.

Junto a su prometedora actividad económica, Chile ha sido capaz de mantener una inflación moderada, con un promedio aproximado de 4,0% durante los años 2005 al 2008. Un Banco Central autónomo y respetado está a cargo de definir la política monetaria del país, la cual proyecta una tasa de inflación del 3,5% para el año 2010.

Chile es reconocido mundialmente por su estabilidad política y macroeconómica, por una gestión transparente y estable de las finanzas públicas, por el respeto al derecho de propiedad y por su apertura al libre comercio y a la inversión extranjera. Su meritorio historial de reformas económicas aplicadas consistentemente a lo largo de los años, motivó a que la Heritage Foundation clasificara a Chile como el país número 11 en el Índice Mundial de Economías de Libre Mercado de 2009, gozando del más alto grado de libertad económica en América del Sur y Centroamérica. Asimismo, gracias a su fuerte compromiso con la libertad económica, Chile fue admitido este año como miembro permanente de la OCDE.

Otros puntos de interés para inversionistas extranjeros con planes de hacer negocios en Chile son la igualdad de trato a inversionistas locales y extranjeros, la ausencia de restricciones a la entrada y repatriación de capitales, los bajos aranceles aduaneros (la tasa arancelaria promedio en 2006 fue de 2,1%) y las mínimas barreras para-arancelarias existentes, sumadas a una adecuada protección a la propiedad privada y a los contratos.

La corrupción no es un problema mayor en el país. De acuerdo al Índice de Percepción de la Corrupción 2009 de Transparency International, Chile ocupa el lugar 25 de 180 países. El Gobierno ha establecido nuevas normas en busca de una mayor transparencia en los servicios públicos, en el financiamiento de las campañas políticas y en la adjudicación de contratos públicos. En 2009, siguiendo una recomendación de la OCDE, se promulgaron nuevas leyes para establecer la responsabilidad penal de las personas jurídicas que participen en el blanqueo de capitales, fraudes o el financiamiento de actividades terroristas, y que le permiten a las autoridades fiscales levantar el secreto bancario.

La consolidada reputación de Chile se ve reforzada por los grandes proyectos a largo plazo en que se han involucrado inversionistas extranjeros y nacionales en todos los sectores relevantes de nuestra economía. Fondos de pensiones canadienses, como Ontario Teacher’s Pension Plan y CPP, han invertido grandes sumas en los últimos dos años en el sector sanitario, en proyectos de concesiones viales y en empresas de transmisión y distribución eléctrica. Los inversionistas extranjeros tienen garantizados ingresos a largo plazo en los activos de infraestructura del país, con medidas para mitigar la  inflación y en un contexto de regulación clara y estable.

No obstante lo anterior, todavía quedan desafíos importantes para el Gobierno y el sector privado. La tasa de desempleo es actualmente cercana al 10%, y será difícil que se produzcan cambios sustanciales en el corto plazo dentro de un mercado de trabajo que se ha vuelto cada vez más rígido que aumenta los costos y dificultades para despedir a empleados que dejan de ser necesarios. El sistema de educación pública está en crisis y representa una grave amenaza para mantener la competitividad del país. La industria bancaria es sólida, pero existe una concentración excesiva, con tres bancos controlando cerca del 60% de los activos. Además, más del 80% de los préstamos comerciales se concentran en apenas un 1,6% de la población.

Por otro lado, nos preocupa el hecho que en el último tiempo se ha observado una creciente interferencia de los múltiples organismos gubernamentales descentralizados en la aprobación de nuevos proyectos. Tres casos ilustran lo largo y trabajoso que se ha convertido la obtención de permisos o licencias para nuevos proyectos:

• (i) HydroAysén, un proyecto hidroeléctrico de 2.750 MW ubicado en el sur de Chile, propiedad de Endesa y Colbún, que después de dos años de trabajo serio, aún no ha logrado obtener luz verde de parte de las autoridades administrativas para iniciar la construcción de su proyecto. En octubre de 2009, Hydroaysén presentó sus respuestas a las más de 3 mil preguntas realizadas por el regulador medioambiental en más 5 mil páginas (más anexos), los que fueron colocados en 45 cajas y entregados en un camión contratado especialmente para transportar esta gran cantidad de papel, mayoritariamente inútil.

• (ii) En junio de 2009, el Tribunal Supremo ordenó a AES Gener interrumpir indefinidamente la construcción del Proyecto Campiche, una central termoeléctrica de 270 MW, ubicada cerca de Valparaíso, porque el permiso otorgado por la autoridad ambiental, no había considerado correctamente una restricción territorial ambigua.

• (iii) Praderas, Urnanya y Enea, los desarrolladores inmobiliarios de más de 1.800 hectáreas en el sector norte de Santiago, tuvieron que enfrentar más de cinco años de observaciones de parte de las autoridades municipales, ambientales y administrativas antes de obtener los permisos definitivos para iniciar la construcción de soluciones habitacionales para familias de ingresos bajos y medios.
  
  Finalmente, no podríamos cerrar estas líneas sin referirlos al lamentable terremoto grado 8,8, el quinto más fuerte registrado en el mundo, que sufrió Chile el pasado 27 de febrero. Al drama humano que vivieron muchos de nuestros compatriotas en esos días, se estima que las pérdidas económicas por infraestructura pública y privada alcanzó un monto cercano a los US$21 mil millones. El plan de reconstrucción del Gobierno asume destinar US$8,4 mil millones de recursos públicos a la inversión en nueva infraestructura, que será financiado mediante la emisión de un bono soberano en 2010 por aproximadamente US$1,5 mil millones (US$1.000 millones serán colocados en dólares y US$500 millones en pesos chilenos); un aumento temporal del impuesto a la renta del 17% al 20%; reasignaciones presupuestarias por US$730 millones; la dictación de una nueva ley para fomentar las donaciones, y la venta de activos estatales prescindibles. No obstante los efectos inmediatos del terremoto, el Gobierno prevé alcanzar un crecimiento anual promedio del 6% para los próximos cuatro años.