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News Alert

Nueva regulación sobre el Lobby: Ley N° 20.730


El 28 de agosto se publicó en el Diario Oficial el Decreto 71 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que establece el Reglamento de la Ley N° 20.730 (el “Reglamento”), que “Regula el Lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios de la administración del Estado”. Dicha Ley 20.730 (la “Ley”) y el correspondiente Reglamento entrarán en vigencia a partir de tres meses desde la publicación de este último, es decir, el 28 de noviembre de 2014.

Esta nueva normativa regula la transparencia en la actividad de lobby y otras gestiones que representen intereses particulares frente a autoridades públicas. Entre los aspectos relevantes hay que considerar que modifica la manera de relacionarse informalmente con autoridades públicas, imponiéndole a estos últimos obligaciones de transparentar su agenda, e imponiéndole a los particulares obligaciones de transparentar a quienes representan y los motivos de audiencias o reuniones que soliciten, creándose un registro público para tales efectos. En consecuencia, debemos destacar que la Ley y el Reglamento obligarán a todos los particulares que queden incluidos en el punto 1 explicado abajo, y no sólo a los lobistas profesionales.

1) Concepto de lobby –alcance de la Ley–. Se considerará lobby (y por ende, regulado por esta Ley) cualquier gestión o actividad remunerada, que tenga por objeto promover, defender o representar cualquier interés particular ante las autoridades públicas, con propósito de influir en las decisiones que deban adoptar en el ejercicio de sus funciones.

2) Sujeto pasivo de lobby. Los sujetos pasivos se encuentran enumerados en la Ley. Entre otros:

  1. Ministros, subsecretarios, jefes de servicios, directores regionales de los servicios públicos, intendentes y gobernadores, secretarios regionales ministeriales y embajadores, jefes de gabinete de las personas individualizadas anteriormente, si los tuvieren;
  2. Miembros de la Administración Regional y Comunal;
  3. De la Contraloría: el Contralor General y el Subcontralor General;
  4. En el Congreso Nacional: diputados, senadores,Secretario General y Prosecretario de la Cámara de Diputados, Secretario General y Prosecretario Tesorero del Senado, y los asesores legislativos que indique anualmente cada parlamentario;
  5. En el Ministerio Público: el Fiscal Nacional y los fiscales regionales;
  6. Los consejeros del Consejo de Defensa del Estado, del Consejo Directivo del Servicio Electoral, del Consejo para la Transparencia, del Consejo de Alta Dirección Pública, del Consejo Nacional de Televisión, del Instituto Nacional de Derechos Humanos, los integrantes de los Paneles de Expertos y del Panel Técnico, sólo en lo que respecta al ejercicio de sus funciones. Asimismo, se considerarán sujetos pasivos de esta ley, los integrantes de las Comisiones Evaluadoras de licitaciones públicas de órganos del Estado, formadas en el marco de la ley N° 19.886 (sólo en lo que respecta al ejercicio de dichas funciones y mientras integren esas Comisiones).
  7. El Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y la Justicia Electoral podrán ejercer la atribución de designar sujetos pasivos, dictando para estos efectos los acuerdos o resoluciones que correspondan, los que deberán publicarse de manera permanente en sus sitios electrónicos.
  8. Otros como FF.AA., Banco Central, etc.

Si tiene consultas respecto de los temas comentados en esta alerta, puede contactar a los siguientes abogados o a su contacto regular en Carey.














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