Carey
Isidora Goyenechea 2800, las Condes Piso 42 755-0647 Santiago, Chile
Tel:(+56 2)29282200, Fax:(+56 2)29282200, E-mail: carey@carey.cl
News Alert

La nueva regulación para la contratación pública de bienes muebles y prestación de servicios


En julio de 2003, se dictó la Ley 19.886 de Compras Públicas que adoptó una nueva regulación para la contratación pública de bienes muebles y prestación de servicios (en adelante “Ley de Compras Públicas”)1. Su objetivo fue unificar la normativa en la materia, buscando proteger los principios de transparencia y competitividad en las licitaciones.

Uno de los puntos más destacados de la Ley de Compras Públicas fue la creación del Tribunal de Compras Públicas, en el que se radicó el conocimiento de los conflictos que pudieran existir entre los oferentes y el organismo licitante. Este Tribunal fue diseñado especialmente para que las partes impugnaran irregularidades que pudieran surgir en los procesos licitatorios.

La competencia de dicho Tribunal se acotó sólo a los conflictos existentes en el tiempo intermedio entre la publicación de las bases de licitación y la adjudicación de la oferta, ambos actos incluidos. El plazo para reclamar es de diez días hábiles desde la publicación del acto impugnado en el portal Web de mercado público (www.mercadopublico.cl). En relación a las facultades del Tribunal de Compras Públicas, hay que considerar que sólo puede declarar la nulidad o ilegalidad del acto impugnado y/o el derecho del reclamante a demandar indemnización de perjuicios ante los tribunales ordinarios de justicia.

Sin perjuicio de lo anterior, hay que considerar que el Tribunal de Compras no es la única autoridad que puede resolver conflictos durante un proceso de licitación. Esto, porque varios casos son resueltos por otras autoridades competentes: (i) la Contraloría General de la República; y (ii) la misma autoridad licitante.

Lo anterior, debido a que en ciertos casos las partes interesadas pueden presentar una solicitud ante la Contraloría General de la República para que rechace un contrato aprobado por la entidad licitante, o solicitarle el rechazo de una contratación directa (cuanto cualquiera de éstos es enviado a la Contraloría para su revisión). Asimismo, la entidad licitante o su superior jerárquico pueden resolver o arreglar cualquier irregularidad en el procedimiento, a través de los recursos administrativos de la Ley de Procedimientos Administrativos 2, que sean legalmente aplicables a estos casos. Cuando un recurso administrativo es presentado ante la entidad licitante, el recurrente obtendrá la interrupción del plazo para impugnar el acto ante el Tribunal de Compras 3.

En la resolución de los conflictos surgidos en procesos licitatorios, las autoridades han aplicado una serie de criterios diversos, como interpretaciones legales expresas, interpretaciones del “interés económico” del Estado o del “interés público”, o a veces criterios de mera conveniencia para el órgano licitante.


1 En marzo de 2004, se dictó el reglamento que permitió la ejecución efectiva de la Ley de Compras Públicas, mediante el Decreto Supremo 250 del Ministerio de Hacienda.
2 Ley N° 19.880.
3 Todas las acciones descritas, no obstan a que durante la ejecución del contrato también se pueda demandar al servicio licitante directamente ante los tribunales ordinarios de justicia, a través de una demanda de incumplimiento contractual o de nulidad de derecho público. La conveniencia de uno u otro mecanismo dependerá de los antecedentes del caso particular.


Si tiene consultas respecto de los temas comentados en esta alerta, puede contactar a los siguientes abogados o a su contacto regular en Carey.














La información contenida en esta alerta fue preparada por Carey y Cía. Ltda. sólo para fines educativos e informativos y no constituye asesoría legal.



Carey y Cía. Ltda.
Isidora Goyenechea 2800, Piso 43
Las Condes, Santiago, Chile.
www.carey.cl