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News Alert

Aspectos relevantes en relación a las indicaciones enviadas por el Gobierno al proyecto de ley sobre modificación del concepto de empresa (Ley de Multirut).


La indicación propone eliminar el artículo 507 del Código del Trabajo en su actual redacción y sustituirlo por un texto completamente nuevo. La nueva propuesta entrega la titularidad de la acción relativa a esta materia a “las organizaciones sindicales o trabajadores que consideren que sus derechos laborales o previsionales han sido afectados”.

Así, no basta con que la acción se ejerza con meros fines declarativos, sino que es necesaria la existencia y acreditación de la afectación de un derecho de índole laboral o previsional. Sin embargo, no distingue la normativa respecto de alguna categoría especial de derechos por lo que bastaría al parecer que por ejemplo, producto de la división de empresas se produzca una fragmentación de las organizaciones sindicales o se segmenten las negociaciones colectivas en las distintas razones sociales (como indica el mensaje a las indicaciones enviado por el Ejecutivo) para que se considere como una afectación de derechos.

Como consecuencia de la declaración de unidad económica, los trabajadores de todas ellas podrán negociar colectivamente con todas ellas consideradas como un solo empleador; podrán igualmente constituir sindicatos que agrupen a trabajadores de todas las empresas que se consideran como un solo empleador o bien mantener las organizaciones sindicales existentes. La negociación colectiva con sindicatos interempresa que agrupen sólo a trabajadores que pertenezcan a empresas que forman la unidad económica, dejará de ser facultativa y se regirá ahora por las reglas de la negociación colectiva reglada tal como si se tratara de un sindicato de empresa que opta por este tipo de negociación.

Los efectos de una eventual sentencia que declare la unidad económica podrían incluir:

  1. De ser procedente algún pago como consecuencia de la declaración de unidad económica (remuneraciones, gratificaciones, feriado, etc.), todas las empresas deberán responder en forma solidaria.
  2. La sentencia debe contener la indicación de medidas concretas a que se encuentra obligado el empleador (la unidad económica) para materializar su calidad de tal, sin dotar la ley de un contenido específico a esta facultad. Esto indudablemente podría llegar a constituir una limitación al derecho del empleador de organizar, dirigir y administrar la empresa, a pesar de que el mensaje del Ejecutivo indica que asegura “autonomía y libertad a los empleadores para dotarse de la organización empresarial que estimen más adecuada”.
  3. En el evento de que se determine que la alteración en la individualidad del empleador se debió a simulación de contratación a través de terceros o algún subterfugio con resultado de elusión de cumplimento de obligaciones laborales y previsionales, las multas a aplicar se cuadruplican en su rango mínimo (de 5 a 20 UTM) y se triplican en el máximo (de 100 a 300 UTM), respecto de las existentes hoy en el artículo 507 del Código del Trabajo.
  4. Expresamente se establece una excepción al efecto relativo de las sentencias, indicando el inciso penúltimo de la norma propuesta del ya mencionado artículo 507, que “la sentencia definitiva se aplicará respecto de todos los trabajadores de las empresas que son consideradas como un solo empleador para efectos laborales y previsionales”. Basta entonces la demanda exitosa de un solo trabajador para modificar la estructura de todas las empresas que pudiesen considerarse como una sola unidad económica.

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